Si fuera cierta la versión del gobierno, de que nativos con lanzas y flechas mataron a 25 policías armados con fusiles AKM, tanquetas y helicópteros, y los despojaron de decenas de fusiles, con apenas tres bajas en sus filas, deberían renunciar todos los responsables, comenzando por la ministra del Interior, pues tendríamos a las fuerzas de seguridad más incompetentes del mundo.
Este, por supuesto, es un psicosocial torpe, que pretende echar una cortina de humo sobre lo sucedido. ¿Se sabrá algún día cuántos indígenas perdieron la vida? Los sobrevivientes hablan de medio centenar, pero, como nos enseñó la década de la violencia, como ciudadanos de segunda, los indios no tienen garantizado su derecho a la identidad ni siquiera después de muertos. Por otra parte, ninguna diferencia cultural justifica el asesinato de rehenes inermes.
Las muertes de los policías y los nativos amazónicos caídos en este enfrentamiento que nunca debió ocurrir enlutan a todo el país. Por eso es chocante la insensibilidad extrema que exhibe gobierno, cargado de arrogancia y desprecio por aquellos que denomina “salvajes”.
La primera responsabilidad en esta tragedia recae en Alan García, que, empeñado en sacar adelante el programa de entregar las tierras de la Amazonía en grandes lotes a las transnacionales, trasgredió la Constitución pretendiendo imponer leyes que violan convenios internacionales que el Perú ha suscrito y que tienen rango constitucional. Al pretender García imponer sus decretos entreguistas se ha puesto al margen de la ley.El carácter inconstitucional de estas leyes ha sido señalado la Defensoría del Pueblo –que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al TC–, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y la propia Comisión de Constitución del Congreso. Federica Barklay, que conoce profundamente la Amazonía y su gente, explica la razón de la inquietud indígena: “Cualquier día llegan noticias a una comunidad de que su territorio ‘está en’ tal o cual lote concesionado y que tal o cual empresa tiene planes de iniciar exploraciones allí, o, más bien, que ha iniciado ya alguna fase de estas sin que se les haya preguntado nada. Pueblos indígenas como el shawi, al que pertenece el presidente de Aidesep, tienen superpuestos tres lotes ya concesionados; otro tanto o peor pasa con los demás”, etcétera.
A pesar de todo, Alan García decidió imponer la “mano dura”, con los resultados
que ahora lamentamos. Suele olvidarse la larga tradición de altivez de los awajún y los wampis (conocidos entre nosotros como aguarunas y huambisas). Como Róger Rumrril ha explicado en estas páginas, cuando se invade su territorio, o cuando se mata a uno de ellos, se les declara la guerra, y ya demostraron su temple en las rondas contra Sendero y en los combates en la Cordillera del Cóndor.Hago un lugar para la memoria. Alguna vez un presidente dijo que los comuneros eran “los verdaderos dueños del Perú milenario”, saludó a la comunidad campesina, “con su solidaridad, con su fraternidad, con su trabajo colectivo”, y en un par de pinceladas señaló cuál era la obligación del Estado: “En nuestra patria la comunidad sigue en pie, la comunidad dura porque es lo más auténtico que tiene el Perú. Entonces el Estado peruano, si quiere volver a lo profundo y a lo real, tiene que identificarse con las comunidades. Lo más permanente de nuestra raza es la comunidad campesina”.
Se llamaba Alan García Pérez y lo dijo en el Rimanakuy de Puno, en 1986.
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