José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas, ex Secretario General del SUTEP
En menos de un año, entre octubre 2010 y abril del 2011, en el Perú se realizarán dos procesos electorales. El primero, para la elección de gobiernos regionales y municipales. El segundo, para elegir al nuevo Presidente de la República y a los representantes al Parlamento unicameral. Ambos procesos forman parte del tránsito de la dictadura corrupta del fujimontesinismo de los años 90 del siglo pasado a la denominada “democracia”, es decir, a la democracia liberal, sueño tardío de la burguesía peruana republicana. Todos los analistas convictamente burgueses y los proclives al régimen liberal han denominado al proceso que viene de noviembre del 2000 como “la transición democrática”, siguiendo, como siempre, los conceptos acuñados por la burguesía europea, particularmente de Portugal y España, derrotadas que fueron la dictaduras en aquellos países.
¿Transición o crisis de la democracia liberal?
Una transición política puede ser corta o larga, según el objetivo central de su actuación. Corta, si se trata de pasar de una situación considerada anómala respecto a lo que se define como normal, como en el caso del Perú entre noviembre del 2000 a julio del 2001, es decir, todo el tiempo que duró el “gobierno de transición” del Dr. Valentín Paniagua luego de la derrota política de la dictadura fujimontesinista y la huida de su cabeza principal. El objetivo de esa “transición” era reinstalar un gobierno legitimado por las urnas para “normalizar” la vida política del país. En el sentido de lo inmediato, ese corto período fue una auténtica transición, que dejó atrás el régimen de trapacerías de los 90 del siglo XX.
Pero los analistas y políticos de la burguesía se refieren a una transición de mayor envergadura, de mayor contenido programático. Para ellos, la “transición democrática” cubre un período más largo en el cual debe no solamente restituirse la legalidad y legitimidad usurpadas por la dictadura derrotada, sino el establecimiento de un auténtico estado de derecho, con todas las garantías económicas, sociales y políticas para el funcionamiento de una democracia burguesa moderna. En este objetivo de largo aliento es donde nuestra burguesía, incluidos sus analistas, intelectuales, empresarios, políticos y hasta periodistas de opinión, fallan en toda la línea, llegando a la pobre conclusión de que la elección continuada de nuevos gobernantes significa ya el establecimiento de “la democracia”. Como el Estado peruano sigue adoleciendo de los mismos problemas heredados del pasado, con el agravamiento de algunos de ellos inclusive, la “transición democrática” se vuelve indefinida, perdiendo todo su contenido programático, convirtiéndose en mero discurso, como el del Presidente García cuando ofrece convertirnos en un país del “primer mundo” en el año 2021.Lo que pasa es que nuestra clase dominante no tiene otro horizonte que convivir con la democracia burguesa formal y, cuando la situación lo requiere y sus intereses peligran, no tiene ningún escrúpulo para apoyar a los regímenes dictatoriales, como ha ocurrido con Leguía (1919 – 1939), Odría (1948 – 1956), y la de Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos (1990 – 2000). Durante la dictadura de Velasco (1968 – 1975) hubo una fracción de la burguesía que se acomodó a la situación y acumuló ganancias; pero cuando Morales Bermúdez asumió el proceso de la segunda fase (1975 – 1980), toda la burguesía se plegó inmediatamente hasta recuperar las riendas del Estado el 28 de julio de 1980.
¿Transición o continuismo?
No hay duda que la transición democrática a la que se refieren los defensores de la democracia burguesa moderna no existe en el Perú. Lo que existe, después de Fujimori – Montesinos, es la continuidad del programa neoliberal en todas sus líneas y sus conductas políticas fundamentales.
La Constitución neoliberal de 1993l no ha sido ni siquiera modificada. Sus parámetros privatistas se siguen aplicando con mayor profundidad. El Estado al servicio y bajo el dominio de las transnacionales se mantiene incólume. Los derechos de los trabajadores se han vuelto casi una fantasía para el 80 % de la PEA ocupada. Los presupuestos para la educación y la salud públicas siguen su tendencia al recorte real año tras año como política estructural de ahorro fiscal para cumplir con los objetivos macroeconómicos fijados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las ganancias de los enclaves mineros extranjeros se incrementan considerablemente, mientras que los salarios de los trabajadores, en el mejor de los casos, se han estancado. El Estado neoliberal impuesto en los 90 se ha consolidando con más fuerza por los gobiernos de Toledo y de Alan García en la primera década del siglo XXI.
Denominar transición al continuismo neoliberal es, realmente, un abuso en la utilización del lenguaje.
Si lo que ocurre en la estructura general del Estado y de la economía constituye la repetición mejorada del programa neoliberal, en el plano de la política diaria la situación es más clara todavía.
Ni siquiera funciona la democracia liberal en su sentido moderno. Lo que hay es un proceso de mayor descomposición del Estado de derecho y del proceso político en su conjunto, desde el gobierno central hasta los gobiernos regionales y municipales.
Un primer elemento de esa descomposición es la crisis de los partidos políticos, a la cual se pretendió “curar” con la Ley de los Partido Políticos y con la ampulosidad de requisitos para la inscripción de candidatos, con la ilusión de que las nuevas representaciones políticas serían más auténticas y legítimas para los militantes de cada partido, primero, y para los electores, consecuentemente. Ni lo uno ni lo otro. Los cupos para ocupar un puesto en las listas son más onerosos que antes. Los votos golondrinos se fabrican permanentemente. La manipulación clientelista a través del financiamiento de las campañas constituye el método más frecuente, a tal punto que hasta personas con buena intención dicen que “para ganar una elección hay que tener dinero”. Lo anterior deriva en la planificación del robo desde el poder para “recuperar” el financiamiento de las campañas y obtener ganancias. Es difícil encontrar algún presidente regional o alcalde que no se haya convertido en empresario o que, siendo empresario, no haya aumentado considerablemente su fortuna personal con el ejercicio del cargo. No es casual que haya candidatos con procesos penales por robo al Estado, prolongados indefinidamente.
El otro elemento es el oportunismo político para la promoción de alianzas, prestación de logos políticos (“vientres de alquiler”) para que aspirantes a cualquier nivel de gobierno puedan inscribirse para ser candidatos, sin ninguna consideración programática formal, aunque casi todos estén inscritos en los linderos del neoliberalismo, pues éste no sólo supone un programa económico, sino una conducta política pragmatista, cuya ética fundamente se define: “lo que es útil para mí es lo correcto”. El transfuguismo que hoy campea en el Perú es hijo de la crisis de la democracia burguesa en nuestro país. Cualquier parecido con lo que ocurre en otros países de América Latina no es pura casualidad.
Un tercer elemento de la crisis política actual es la corrupción, vieja lacra del Perú republicano heredada de la Colonia, pero que se ha convertido en una ideología, en una manera “normal de pensar” para más gente de lo que uno se imagina: “ha robado pero ha hecho obra”. Asco producen numerosas candidaturas en el Perú. Pero hay una población de mentalidad conservadora que levanta supuestas banderas moralistas contra Lori Bérenson, pero cierran sus ojos frente a las sucias candidaturas de su preferencia. El comportamiento del Poder Judicial, la inutilidad y podredumbre del Parlamento criollo, el uso discrecional de los recursos públicos por el Ejecutivo y sus funcionarios, los enlaces corruptos con los grandes y medianos empresarios para enriquecimiento personal, las irregularidades delincuenciales en los concursos públicos, incluidas las licitaciones para obras públicas, etc., son las expresiones de un proceso de descomposición moral y de anomia ética en el Perú actual.
La transición democrática de la que hablan ciertos analistas sólo existe en su cabeza. Lo real es que marchamo a una mayor descomposición del sistema político peruano. ¿Qué hacer?: transición o transformación
La primera cuestión que se debe abordar es la crítica despiadada al sistema dominante en el Perú, su estructura capitalista, incluido el proyecto neoliberal en sus significados económico, político, filosófico y cultural; y asumir firmemente una posición socialista, sin medias tintas “nacionalistas” o “socialdemócratas”.
En las condiciones actuales de la correlación de fuerzas, favorables a la burguesía neoliberal, forjar una tendencia política basada en un programa de transformación económica y social, diferente y opuesto al programa capitalista, uniendo a todas las fuerzas de izquierda y progresistas que estén dispuestas a defender la nueva alternativa que requiere el Perú; una alternativa que defina el rol del nuevo Estado que hay que forjar, perfilando una nueva Constitución democrática, patriótica, de profundo contenido popular y solidario, donde se definan con precisión los derechos que deben garantizarse para las mayorías nacionales, el carácter nacional de la economía, la agricultura, la pesca, el transporte, la educación, la salud, el desarrollo industrial, la biodiversidad andino-amazónica, la electricidad y la telefonía, principalmente.
Promover el deslinde ideológico con todas las tendencias y grupos de la derecha, tanto en el plano nacional como en el regional y provincial; una lucha de ideas para la educación política de las masas populares, principalmente de los trabajadores, a los cuales hay que organizar clasistamente como clase que debe asumir su papel para la transformación social del Perú.
Lo que viene ocurriendo en Lima con la campaña electoral municipal – regional puede conducir a un proceso de reunificación de las fuerzas populares a través de la candidatura progresista de Fuerza Social y su alianza con sectores de izquierda, siempre y cuando no obedezca a una unidad meramente coyuntural que pretenda cambiar algo para que nada cambie. La candidatura municipal de la Sra. Villarán, sea cual fuere el resultado del 3 de octubre, por la adhesión que va cosechando en estos momentos, recoge la tendencia de las masas hacia la unidad de importantes sectores sociales cansados del proceso neoliberal, y puede ser el germen de un mayor nivel de unidad y avance de las fuerzas democráticas, patrióticas, populares, progresistas y de izquierda hacia la confrontación electoral del 2011 para derrotar a la derecha neoliberal. Para que eso sea posible, hay que levantar un programa de transformación social y no de acomodo al sistema. Transformación y no transición continuista.
Iquitos, agosto 23 del 2010
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